 |
 
Agronegocios, calidad alimentaria y
riqueza compartida:
¿Una trilogía utópica para los pequeños productores?


 Por
Mauro Durand, Agronoticias Plus. 11.08.2010


Un informe de la Food and Agriculture Organization (FAO)
postula que los cambios en los sistemas agroalimentarios tienen
repercusiones importantes en el crecimiento, la pobreza y la
seguridad alimentaria. Es un punto a favor que haya cada
vez más cuidados a la hora de producir alimentos. Sin embargo,
hay un dato que muchas veces queda olvidado, mejor dicho,
obviado: la falta de recursos de los pequeños productores
provoca un desplazamiento de éstos del mercado, cuya
consecuencia es la pobreza.
Los sistemas agroalimentarios en los países en vías de
desarrollo atraviesan profundos cambios. A su vez, se producen
innovaciones tecnológicas, se urbanizan pueblos y campos, dentro
de una sociedad en la que las funciones del sector privado cada
vez son mayores y el control eficiente del Estado lo ve de
costado.
Vivimos en una sociedad comercial, donde el desarrollo
socioeconómico permite una participación cada vez más activa de
la agroempresa y de la agroindustria que le exigen a los
minoristas y fabricantes nuevas normas de calidad e inocuidad de
los alimentos para la venta en los sectores formales conocidos
por todos: los supermercados.
Claramente es un punto a favor que haya cada vez más cuidados a
la hora de producir alimentos, y puede considerarse que es una
perspectiva coherente, sin embargo, hay un dato que muchas veces
queda olvidado, mejor dicho, obviado: la falta de recursos de
los pequeños productores provoca un desplazamiento de éstos del
mercado, cuya consecuencia es la pobreza.
Pero no todo es negativo: para aquellos que se logran adecuar a
los nuevos tiempos y espacios y responder a las demandas de los
mercados, aparecen nuevas oportunidades de añadir valor a sus
productos -a diferencia de la producción primaria de commodities-.
Un informe de la Food and Agriculture Organization (FAO) al
Comité de Agricultura (COAG) postula que los
cambios en los sistemas agroalimentarios tienen repercusiones
importantes en el crecimiento, la pobreza y la seguridad
alimentaria.
El mismo documento agrega que la población de riesgo es en
particular
los pequeños agricultores, que afrontan normas
agroindustriales cada vez más estrictas, así como los pequeños
comerciantes, la pequeña industria, los mercados mayoristas y
los minoristas, que compiten con los grandes proveedores y
fabricantes de alimentos.
Por lo tanto, es fundamental un rol más activo de los gobiernos
para que creen las condiciones favorables para una inversión
agroempresarial que mejore los medios de subsistencia de
aquellos sectores que quedarían en desventajas.


Sin políticas favorables, nada es redituable
En la mayoría de los países de la región hay reglamentos y
normas que rigen el mercado y que permiten actuar a las empresas
con ciertas libertades, lo cual provoca que el pequeño y mediano
productor esté, muchas veces, desprotegido ante la competencia
desleal, los oligopolios o monopolios que centralizan
determinadas producciones.
Además, es necesario recordar los comentarios del presidente de
la comuna de Chabás, Santa Fé, Osvaldo Salomón, cuando en este
mismo Agronoticias Plus (junio de 2010) habló sobre la
desinversión en infraestructura, servicios ineficaces y la falta
de apoyo económico y de una protección eficaz por parte del
Estado nacional argentino.
De esto se desprende la idea de que tanto el sector privado como
el público, deberían trabajar para la definición de reglas y
determinación de derechos y obligaciones de ambas partes, para
con esto, lograr fuertes inversiones en materia investigativa,
como científica y tecnológica para apoyar y apostar así a la
innovación y creación de productos.
Pero ¿es viable una alianza entre empresas privadas y públicas?
Claro que sí, siempre y cuando, se definan correctamente las
reglas del juego mediante instrumentos jurídicos y políticas
estatales suficientemente claras. Lógicamente es un gran
desafío, pero que puede ayudar a evitar que los pequeños
productores entren en quiebra y desaparezcan.
Un rápido desarrollo de la industria podría desplazar a los
pequeños productores, procesadores, vendedores y comerciantes
que dependen de los canales de distribución y comercialización
tradicionales, a un ritmo que no les permita disponer del tiempo
suficiente para generar oportunidades alternativas, agrega el
informe de la FAO.
Para evitar esto, es necesario aplicar determinadas políticas
proteccionistas que permitan vincular a las empresas con los
productores, lo que brindaría una ampliación de actividades
económicas rurales, agrícolas e industriales. Pero nuevamente,
es obligación de los gobiernos influir, reglamentar y dar apoyo
a la inversión privada en la agroempresa y la agroindustria.
Programas y cadena de valor
Suelen haber en los distintos países programas que “ayudan” a la
creación de empresas alternativas y desarrollos
agroindustriales, es decir, que fomentan los agronegocios. Sin
embargo, no suelen ser lo suficientemente redituables o
compensatorios como para generar buen rédito a largo plazo.
Las alianzas entre laboratorios de investigación como el
Instituto Nacional de Tecnologías Alimenticias (INTA) y
productores regionales en la Argentina es un buen ejemplo de
cooperación entre el sector público y privado por lograr una
mejor calidad e inocuidad en los alimentos, pero ante la falta
de difusión y de capacidad para satisfacer a los mercados,
quedan desplazados del circuito comercial.
¿Y qué pasa con la cadena de valor? Acaso, ¿invertir en
tecnología y calidad no le da un plus a la producción?
Obviamente que sí. Los programas deberían facilitar y apoyar a
las organizaciones de productores para que inviertan en mano de
obra, en tecnología, difusión, etc.
Son las pequeñas empresas de elaboraciones alternativas las que
deben comenzar a brindar un mejor servicio para diferenciarse de
las grandes transnacionales, y a su vez, son quienes deben tener
la capacidad de innovar o diversificarse conforme se transforman
los mercados.



¿Un desafío o falta de compromiso?
Las cartas ya están echadas y lo que queda es que los gobiernos
asuman el compromiso de apoyar a los pequeños productores para
promover los agronegocios. Evidentemente, hace falta una
reorganización política e institucional, pero lamentablemente
son pocos los Estados que tienen una perspectiva coherente para
con el sector.
Habría que fortalecer la capacidad del sector público para
fomentar las estrategias de desarrollo y sistemas de gestión de
la información para las agroempresas y la pequeña agroindustria.
Con políticas favorables, que fomenten la planificación y la
formación, que brinden infraestructura básica, que mejoren los
accesos al mercado y reduzcan los costos comerciales, además de
exigir y dar a conocer las certificaciones para la exportación,
es que se puede abocar a una producción más rentable y
promisoria.
Comercio e industria son los dos componentes que deben
internalizar los agricultores, los exportadores o las empresas
para afianzarse en un mercado cada vez más exigente y acotado
que elige a las grandes cadenas internacionales antes que a los
productores locales, simplemente por el hecho de tener un rol
más activo en materia de difusión, innovación tecnológica y
certificaciones internacionales.
Agronoticias
Plus (ACP), Buenos
Aires, Agosto 2010

|
|
 |